Detener como sea el homenaje a Henri Parot
El próximo 18 de septiembre van a homenajear a un monstruo en Mondragón, para ensalzarle por los 82 asesinatos que ha cometido y para humillar a las miles de víctimas que ha dejado atrás. No lo van a impedir ni Pedro Sánchez ni Marlaska, que hace unos meses decidieron, en contra del dictamen de la Junta de Tratamiento de su prisión, el acercamiento a la cárcel de León de un asesino condenado a 4.800 años de prisión que jamás ha colaborado con la justicia, ni se ha arrepentido, ni ha pedido perdón sino que, muy al contrario, presume orgulloso de su sanguinario expediente; ni mucho menos lo van a detener el lendakari Íñigo Urkullu, ni su consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, pertenecientes al mismo PNV que lleva décadas recogiendo las nueces que caen con las bombas de Parot. La red ciudadana pro etarra Sare y el colectivo filo etarra Elkartasun Eguna han programado el día 18 de septiembre, en Mondragón, una “marcha solidaria” de 31 kilómetros, en la que se denunciará «los 31 años que el terrorista lleva en prisión». 82 asesinatos, 4.800 años de condena, 31 años en prisión y homenajeado como un héroe por los suyos: para llorar.
Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya habían conseguido derrotar a ETA en 2005, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidió concederles todo lo que pedían: la legalización de sus brazos políticos, la excarcelación de sus presos, y el relato de un final sin vencedores ni vencidos. Entre Zapatero y Sánchez se encargaron de cumplirlas todas, legalizando y ahora negociando con Bildu, convirtiendo al condenado Otegi en ese “hombre de paz”, acercando a todos sus presos al País Vasco, transfiriéndoles la gestión de las prisiones y modificando la legislación para que la justicia se quede sin medios con los que impedir tan bochornosos homenajes como el que se va a producir el próximo 18 de septiembre en Mondragón.
El artículo 578 del Código Penal, que condena el enaltecimiento o la justificación del terrorismo, así como el menosprecio y humillación de sus víctimas, es aplicado por los jueces desde hace 5 años con un nuevo criterio derivado de la reforma de la ley penal de 2015, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que beben a su vez de una directiva de la Unión Europea que establece que, para que haya delito, el acto debe generar un riesgo de que puedan cometerse actos terroristas. Una condición que los jueces no ven posible desde que supuestamente desapareció ETA. Además, para la apreciación de humillación a las víctimas, los jueces, amparados en la libertad de expresión, exigen la intención específica del autor del delito. Por este motivo los homenajes a etarras se producen con una total impunidad, tal y como ETA quería y Zapatero y Sánchez les concedieron.
Pese a que la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo obliga al Estado a asumir la defensa de la dignidad de las víctimas, impidiendo este tipo de actos y aunque el Parlamento Europeo aprobó a finales de 2020 un informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en el que se exige a las autoridades españolas que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo sean humilladas por actos como los homenajes a etarras, y a pesar de las denuncias de Vox, de la Fundación Villacisneros y de los sindicatos policiales Jucil y Jupol; el Gobierno se ha limitado a pedir un informe a la fiscalía, que es lo mismo que consultarse a sí mismo, para no hacer nada. Pero del mismo modo que los demócratas nos echamos a la calle con las manos pintadas de blanco en 1997, cuando el salvaje sacrificio de Miguel Ángel Blanco, es hora de que recordemos los cinco pequeños ataúdes blancos, de las cinco niñas asesinadas por el monstruoso Henri Parot en su atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. En su memoria, por su dignidad y porque es de justicia, tendremos que salir a pararlos de nuevo, en Mondragón y donde haga falta.